El pedido de informes sobre el destino de fondos nacionales que llegaron de manera directa al municipio de Concepción no fue respondido por funcionarios de la gestión de Roberto Sánchez. El hecho se desprende de las fallidas actuaciones del Tribunal de Cuentas de la provincia, realizadas en el marco del convenio vigente con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La llegada directa de fondos nacionales a algunos municipios de la provincia no implica la falta de controles. Sin embargo, hubo una negativa de la gestión de Roberto Sánchez, en el municipio de Concepción, a responder los requerimientos del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Ese organismo de contralor realizó las gestiones en el marco de un convenio de requerimiento de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La situación fue dada a conocer por las autoridades del organismo provincial, Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, reflejado en el Acuerdo Nº 2247 fechado el 14 de junio pasado.
En ese instrumento se deja en claro que “la auditoría encomendada por la Sindicatura General de la Nación en el marco de la Red Federal de Control Público no pudo llevarse a cabo por la expresa negativa de los funcionarios municipales”.
Agrega también la decisión de “poner en conocimiento” de esta situación a la SIGEN, para que se comunique a las autoridades responsables de la gestión.
Los recursos nacionales
Según se informa en el mencionado acuerdo del Tribunal de Cuentas de la provincia, se requirió información sobre los siguientes fondos nacionales, sin tener la respuesta afirmativa de los funcionarios de la “Perla del Sur”, quienes prefirieron desconocer la auditoría:
1) Programa de Atención al Vecino, por un importe de 147.178,29 pesos, destinados a la compra de equipos de computación para oficinas relacionadas a la atención de las necesidades de la población. No se adjuntó el acto administrativo que pruebe la compra.
2) Fondos recibidos para Obra Nueva Avenida Urbana, destinado al pago de certificado de obra por trabajos realizados por la empresa Green SA, por un monto de 4.521.055,21 pesos. No se acompañó el convenio respectivo de la mencionada obra.
3) Fondos recibidos para la construcción del Canal Shipton por un importe de 5.718.295,64 pesos. No se acompañó la documentación técnica.
4) Fondos recibidos para la Obra Estación Transformadora de Pasajeros, por un monto de 5.680.682 pesos. Según se informó en el Acuerdo Nº 2247, tampoco se adjuntó la documentación respectiva ante el requerimiento del organismo de control.
5) Recursos enviados a través del Programa Hábitat del Fondo Federal, para la colocación de cloacas, agua potable, pavimento e iluminación en el Barrio San Expedito por la suma de 6.681.118,05 pesos. No se adjuntó la documentación respectiva.
6) Tampoco se adjuntó documentación relacionada a la llegada y destino de la Ayuda del Tesoro Nacional por 4.000.000 de pesos para los barrios inundados por las crecidas de los ríos Gastona y Chirimayo, como consecuencia de las lluvias intensas de marzo de 2016.
Los responsables de la negativa
Los representantes del Tribunal de Cuentas señalan que el intendente Roberto Sánchez estuvo en conocimiento de la auditoría encargada por la SIGEN, pero que los auditores fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Julio César Herrera, y el secretario de Hacienda, Gabriel Orlando, quienes se aferraron a cuestiones de jurisdicción, desconociendo los alcances de la Red Federal de Control Público. En ese sentido, se expresó mediante acta que los funcionarios citados “se oponen al envío de lo solicitado, teniendo en cuenta que se trata de Fondos Nacionales recibidos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y atento a lo expresado en el artículo 4º del Convenio suscripto, corresponde efectuar toda información y rendiciones de cuentas, referidos a dichos fondos, al Ente Nacional”.
Esta respuesta derivó en la finalización de las tareas asignadas a los auditores enviados a Concepción, quienes no pudieron cumplir con las directivas emanadas de la SIGEN.
La situación pone al descubierto la falta de controles en el destino de los recursos nacionales que llegan directamente a los gobiernos municipales, y la falta de vocación de esos municipios por ajustarse a los controles dispuestos mediante convenios existentes entre Nación y provincia.